Jurista propõe impeachment de Luiz Fux Ministro do STF

Por Afrânio Silva

 Desta vez, o senhor Luiz Fux foi longe demais. A tradição do STF não merecia isto. O povo brasileiro não merece um ministro tão desprezível. Seu Impedimento seria útil para a frágil democracia e para o combalido prestígio do nosso Poder Judiciário.

Acho que a comunidade jurídica, em geral, e a comunidade acadêmica, em especial, devem repudiar claramente o convício com este ministro do S.T.F. Eu já disse e repito: sequer o cumprimentarei se encontrá-lo na Faculdade de Direito da Uerj, mesmo ele sendo do meu departamento (Direito Processual).

Não podemos conviver com manobra escusas em nosso mais alto tribunal. O povo não é bobo e tudo tem limite.

Por fatos como estes, é que deixei escrito em meu penúltimo texto, publicado na minha coluna do site Empório do Direito:

“1) Como continuar lecionando Direito Processual Penal com um Supremo Tribunal Federal que terá, como presidentes, os ministros Toffoli e Fux, pelos próximos quatro anos ???

2) Como continuar lecionando Direito Processual, se ministros do S.T.F. pedem vista dos processos, com o indisfarçado escopo de evitar o final dos julgamentos com os quais eles não concordam, já tendo sido formada a maioria de votos dos seus pares ???

3) Como continuar lecionando Direito Processual, se os pedidos de vista dos ministros do S.T.F. se eternizam e não obedecem a prazo algum ???

4) Como continuar lecionando Direito Processual, se apenas depende do bom ou mau humor do presidente do S.T.F. levar a julgamento, pelo plenário, os processos que estão aguardando para serem incluídos na respectiva pauta ???”

Acho que seria oportuna uma CPI para apurar a contas do filho do capitão truculento. Ali está o seu “calcanhar de Aquiles”. Na verdade, cabe citar o poeta: “Há mais coisas entre o céu e a terra, do que sonha a nossa vã filosofia”…

Veja agora documentário da BBC sobre crise no Brasil de 2013 a 2018

Fonte: Blog do Kennedy

Assista agora aos três episódios do documentário “What Happened to Brazil…” (“O Que Aconteceu com o Brasil…), da BBC World News, que retrata a crise política e econômica brasileira dos últimos cinco anos. Exibidos internacionalmente, os capítulos são narrados em inglês.

Link: http://www.bbc.com/reel/playlist/what-happened-to-brazil

O primeiro episódio se chama “The Dream Dies”(“O Fim do Sonho”), que aborda o período das grandes manifestações de junho e julho de 2013, o início da Lava Jato e a reeleição da então presidente Dilma Rousseff em 2014.

O segundo é “Carwash and ‘the coup’”(“A Lava Jato e ‘o golpe”). Esse capítulo mostra o tumultuado começo do segundo mandato de Dilma, o processo de impeachment e o impacto da Lava Jato sobre a classe política e a opinião pública.

“Divided Nation”(“Nação Dividida”), o último episódio, traz os fatos que marcaram o governo Temer, como a delação de Joesley Batista, a morte de Marielle Franco e a greve dos caminhoneiros. Trata ainda das eleições de 2018, ano em que Lula foi preso e Jair Bolsonaro virou presidente da República.

O documentário que mostra um Brasil em transe foi produzido para a BBC World News pela K.doc, minha empresa de audiovisual, e pela RedeTV!, que atuou como casa produtora e forneceu as imagens de arquivo.

Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de activación del Título III de la Ley Helms Burton

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 16 de enero de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la decisión de suspender solo por 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa revisión… a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”. 

El gobierno del Presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países.

Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico.  La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996. Se concibió para codificar y endurecer la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesta oficialmente en 1962, con el objetivo de subvertir y derrocar al gobierno de Cuba e imponer un régimen del agrado del gobierno de los Estados Unidos. 

Consta de cuatro títulos y se aplica desde su promulgación. Se caracteriza por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la aplicación de sus disposiciones contra las compañías y personas establecidas en el territorio de estos.

Ha sido rechazada por la comunidad internacional casi unánimemente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales especializados y en organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Africana. Varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.

Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton ha estado entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo. A ese propósito se dedican expresamente los títulos III y IV de la ley.

El título III establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de los Estados Unidos demandas contra todo extranjero que “trafique” con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos, llevado a cabo por el gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional. 

Entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende esta autorización  a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.

En virtud de lo dispuesto en la propia ley Helms-Burton, todos los Presidentes estadounidenses desde 1996, incluido Trump en 2017 y 2018, han hecho uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses con motivo de reconocer que consiste en el aspecto más burdo e inaceptable de esta contra el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los propietarios estadounidenses legítimos.

Por su parte, el Tribunal Popular Provincial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, declaró Con Lugar la Demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos y lo sancionó a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de $181 100 millones de dólares y, el 5 de mayo de 2000, también por Daños Económicos  ocasionados a Cuba y lo sentenció por valor de $121 000 millones de dólares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado la disposición de Cuba de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.

Esta decisión que el gobierno de los Estados Unidos amenaza con adoptar, implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las relaciones internacionales, individuos y entidades extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos. Es conocida la conducta políticamente motivada y venal de algunas cortes de La Florida, frecuentemente utilizadas como un arma contra Cuba.

Para nuestro pueblo, implica encarar una vez más, de manera firme, consciente y contundente, el empeño del imperialismo estadounidense en someter a su dominio y tutelaje los destinos de la Nación cubana.  

Si el título III se aplicara como establece esta ley y amenaza el anuncio del Departamento de Estado, cualquier cubano y cada comunidad del país verían cómo se  presentan ante tribunales de los Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, los terrenos sobre los que se edifican sus barrios; y podrán constatar la pretensión de usurparnos a los cubanos la riqueza del país, la infraestructura, las tierras cultivables, las industrias, los recursos mineros, el potencial energético y las bases sobre las que se desarrollan la ciencia y la tecnología y se prestan los servicios a la población.

Todos deberíamos recordar los aberrantes contenidos del Plan Bush que describe e instrumenta detalladamente la forma en que las familias cubanas y el país serían despojados prácticamente de todo.  

Durante más de veinte años, la Ley Helms Burton ha guiado los esfuerzos intervencionistas de los sectores anticubanos en los Estados Unidos para agredir a la nación cubana y menoscabar su soberanía. En virtud de su aplicación, se han aprobado cientos de millones de dólares para subvertir el orden interno en Cuba y se han dispuesto innumerables medidas para intentar provocar un cambio de régimen. Su efecto económico ha implicado un alto costo para los esfuerzos de desarrollo del país y para el bienestar de la población, con un impacto humanitario que no es mayor gracias al régimen de justica social que impera en Cuba.

La pretensión de aplicar plenamente el título III se promueve en contra del criterio de importantes agencias gubernamentales de los Estados Unidos y como consecuencia del poder e influencia que han alcanzado en el gobierno, personas cuya carrera política ha estado marcada por el resentimiento impotente contra Cuba y ha descansado en el uso de la mentira y el chantaje.  

La mayoría de la opinión pública de los Estados Unidos se opone consistentemente al bloqueo económico, según reconocen las encuestas más calificadas.

La historia registra con suficiente claridad que la política de bloqueo económico y los problemas bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos no tienen su origen en las justas nacionalizaciones que, conforme a la ley y con derecho legítimo, llevó a cabo el gobierno revolucionario.  Las agresiones militares, económicas y terroristas del gobierno de los Estados Unidos comenzaron contra Cuba antes de que se produjeran los actos fundamentales de nacionalización de propiedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, contemplaron en ley un compromiso de compensación, que el gobierno de los Estados Unidos se negó incluso a discutir, mientras sí fue asumido por los gobiernos de los reclamantes de otros países, todos los cuales disfrutaron de debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80), y enfatiza que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico. Consecuentemente, considerará nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión.

La Habana, 17 de enero de 2019

Fonte: Granma

JandiraFeghalli – PCdoB irá à justiça contra decreto que libera armas

Jandira Feghalli – Deputada Federal

Jandira, que participa de reunião com a direção nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Brasília, anunciou que a legenda entrará com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto governamental.

“Vamos questionar no âmbito da Justiça não só o instrumento, mas o seu conteúdo. Até porque a população brasileira revelou em recente pesquisa que 61% dos entrevistados são contra a liberação de armas no Brasil”, explicou.

Jandira ressaltou a gravidade da publicação desse decreto para a população brasileira. “É grave o que está acontecendo”. Segundo ela, é “o liberou geral de armas no Brasil e isso significa um grande risco para a segurança e preservação da vida e de toda população”.

Para a parlamentar comunista, o decreto ampliará muito o grau de violência no país. “Quanto mais crime, mais arma, muito mais gente assassinada”.

Jandira questionou também os “critérios absurdos e sem qualquer razoabilidade” estabelecidos por Bolsonaro no documento assinado hoje. Ela questiona que qualquer cidadão residente em área rural ou urbana (nos estados com índices de violência) e em casas com crianças ou adolescentes possa ter até quatro armas e a única exigência é a de tenha um cofre para guardar a arma.

A deputada esclarece que esse decreto não abre a possibilidade por critério de classe porque depende de dinheiro. Serão quatro armas por pessoa. “Não vamos imaginar que o povão, que pessoas que moram em comunidades vão ter acesso à essas armas”, pondera. 

Segundo Jandira, o PCdoB “irá confrontar e enfrentar esse ato irresponsável e criminoso que amplia o grau de violência de criminalidade e de risco à vida das pessoas”.

O decreto assinado por Bolsonaro modifica a Lei 10.826/2003 que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2005, o tema foi debatido e votado com a participação da população através de referendo popular. Fonte; PORTAL VERMELHO

É LEI – Escolha sua opção e compartilhe nas redes sociais


Escolha o(s) trecho(s) da Constituição Brasileira de sua preferência e poste.
A Constituição é um conjunto de normas acima das demais leis, capaz de regular conflitos, arbitrar o exercício do poder, garantir o estado de direito e as regras que se estabelecem entre a população, os políticos e o Estado.
A nossa constituição de 1988 é moderna nos direitos, justa para com as minorias e atenta ao meio ambiente. Por isso foi chamada de Constituição Cidadã. Ela é, ainda, resiliente a ponto de resistir a crises políticas e prover os brasileiros com esperança. Por isso ela nos representa.

éalei #constituiçāobrasileira #estánaconstituiçāo #342artes

Maduro toma posse legitimamente e o imperialismo se desespera !!!

“Os Estados Unidos parecem destinados pela providência a infestar a América com fome e miséria em nome da liberdade”. Simón Bolívar

Aurelio Fernandes é membro da coordenação do Comitê de Solidariedade com a Revolução Bolivariana no Rio de Janeiro, graduado em Licenciatura em História pela UERJ, pós-graduado em História Social pela UFF e Mestre em Ensino de História pela UERJ. [

Desde a eleição de Chávez em 1998, quando se inicia a Revolução Bolivariana, ocorreram vinte e cinco processos eleitorais e o bolivarianismo só foi derrotado duas vezes. Esse protagonismo popular e classista que fundamenta a união cívico-militar vem se afirmando como o fator que permite a vitalidade e a força da Revolução Bolivariana para enfrentar os obstáculos e desafios que se colocam ao projeto histórico de transição ao socialismo em curso na Venezuela, incluídos seus erros e equívocos.

Depois da morte de Chávez em 2013, da vitória apertada de Maduro nas eleições presidenciais naquele mesmo ano – diferença de 1,7% – e com a vitória da oposição nas eleições legislativas de 2015, a oposição de direita e extrema direita aglutinada na Mesa de Unidade Democrática – MUD radicaliza sua política de confronto exigindo a convocação de uma assembleia nacional constituinte e aprofundando suas ações políticas terroristas, a guerra econômica e aprofundando sua vinculação política ao imperialismo estadunidense.

Na esfera da vida cotidiana, por exemplo, a guerra econômica e as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados criaram uma série de inconvenientes – entre eles a forte inflação e obstáculos quase instransponíveis à importação de alimentos, medicamentos, equipamentos e autopeças – que complicam profundamente a vida cotidiana da população, principalmente dos mais pobres.

Em resposta a esse terrorismo da direita, Maduro convoca para 31 de julho de 2017, a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte/ANC que é denunciada pela oposição como um golpe.

Votaram um total de 8.089.320, ou seja, 41,5% dos eleitores, sendo eleitos 545 constituintes[1]. Considerando que as eleições não são obrigatórias; que a Venezuela está imersa há alguns anos em uma conjuntura de guerra econômica[2], violência fascista praticada pela oposição[3] e que o imperialismo destina milhões de dólares para influenciar a opinião pública venezuelana[4], as eleições para a ANC demonstraram que a politica violenta e terrorista da oposição fortaleceu o governo bolivariano sendo a causa da ampla legitimação popular do processo constituinte. Oito milhões de eleitores foi mais do que o total de votantes da MUD opositora, em 2015, ou que o número de votantes de Maduro, em 2013.

Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte todos os poderes, incluindo o Presidente Maduro e os titulares dos Poderes Judiciário, Eleitoral e Cidadão reconheceram o órgão como um poder superior como orienta a constituição vigente. O Parlamento foi o único dos cinco poderes que não reconheceu o poder Constituinte. Como consequência a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela aprovou por unanimidade um decreto que permitiu ao órgão assumir o poder de aprovar leis. Com isso a oposição começou a exigir eleições para presidência da republica questionando a legitimidade de Maduro e como resposta a ANC adianta as eleições presidenciais para maio de 2018.

Mais de 200 observadores internacionais acompanharam esse processo eleitoral. Entre os convidados estavam o ex-presidente da Espanha José Luis Rodríguez Zapatero, o ex-ministro de Relações Exteriores do Chipre, Marcos Cipriani, e o ex-presidente do Senado da França, Jean-Pierre Bel, que foi representante da Presidência da França para a América Latina durante o governo de François Hollande.

Nicolás Maduro venceu com 5.823.728 votos 67,7% dos votos válidos. A votação teve a participação de 46% do eleitorado e um total de 8,6 milhões de votos. Em segundo lugar, ficou o candidato opositor Henri Falcón, com 1.820.552 de votos (21%), Javier Bertucci, com 10,8%, e Reinado Quijada, com 0,4%, completam a lista.

Houve a participação de 46,08% do eleitores – ou seja, 53,92% de abstenção sendo uma abstenção equivalente à registrada em dois outros pleitos na América do Sul, onde o voto também é facultativo: Chile e Colômbia. A diferença é que, ao contrário destes países, na Venezuela a oposição pregou o boicote ao pleito. Parte dos partidos oposicionistas decidiu não apresentar candidatos. Em 2017 no Chile, a vitória de Sebastián Piñera aconteceu em meio a uma abstenção de 50,98%. Nas eleições de 2018, dos 50 milhões de habitantes da Colômbia, algo mais de 36 milhões estavam habilitados para eleger o novo congresso porém, mais da metade deles ficou em casa.

Quanto à acusação de fraude, tal possibilidade é praticamente nula. O processo eleitoral do CNE é muito mais avançado em termos tecnológicos do que, por exemplo, o brasileiro. Toda urna é dotada de uma impressora que, após o voto, imprime-o, permitindo sua conferência pelo eleitor, que o deposita em uma urna física e a posterior auditoria. Nas eleições de 2018 foram auditadas 54% das urnas e o CNE anunciou no dia da posse de Maduro a auditoria de 100% como uma resposta ao “Cartel” de Lima.

Não podemos de forma alguma deixar de reconhecer o papel protagonista do imperialismo estadunidense na crise que existe hoje na Venezuela[5]. Os EUA organizaram, financiaram e apoiaram várias tentativas de golpes na Venezuela. Em 2002, Chávez foi afastado 48 horas do governo em um golpe apoiado abertamente pelos EUA[6].

É nesse contexto que podemos entender a decisão da Organização de Estados Americanos (OEA) durante uma reunião extraordinária, no mesmo dia da posse de Maduro, por 19 votos a favor, seis contra e oito abstenções, de “não reconhecer a legitimidade” de seu mandato, e apelar para a realização de novas eleições “numa data próxima”, com observadores internacionais. Uma semana antes o “Cartel” de Lima, formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia, aprovou, com a exceção do México, uma declaração na qual anuncia que esses países não reconhecem o novo governo de Maduro.

 Antes da posse, em uma teleconferência organizada pelo think tank americano Atlantic Council, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, afirmou que a Venezuela esta passando por uma desmontagem do Estado de Direito que é fruto da “usurpação de poder” conduzida por Maduro. Um dia após Maduro tomar posse para iniciar o novo mandato esse mesmo político de extrema direita se declarou presidente interino do país. Imediatamente o secretário geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luis Almagro, disse apoiar Guaidó e afirmou que ele tem legitimidade para comandar o país sendo acompanhado pelos EUA e pelo Brasil.

Fica muito claro que a aposta do imperialismo e seus aliados internos e externos é criar uma situação de caos até o ponto em que se possa dizer que a Revolução Bolivariana está induzindo a Venezuela “à beira da guerra civil”, motivando uma intervenção militar estadunidense com tropas do Cartel de Lima.

Para abrir caminho à transformação revolucionária rumo ao socialismo, o bolivarianismo iniciou desde o ultimo governo de Chávez e no primeiro mandato de Maduro, um processo de superação da democracia burguesa, limitada pelo poder das minorias antinacionais e antipopulares, apontando para uma futura democracia participativa e protagônica, que tenha como base as comunas e os conselhos comunais[7].

Ao contrário do que muitos afirmam, são exatamente os primeiros passos da Revolução Bolivariana nesse sentido que acirraram a luta de classes nos últimos anos e levaram a essa intervenção aberta e violenta do imperialismo estadunidense e seus aliados internos e externos e não os erros e limites da revolução bolivariana da Venezuela ou do Governo de Maduro.

Que não se enganem os governos conservadores e antipopulares do “Cartel de Lima e o império, os filhos e as filhas de Bolívar, Abreu e Lima, Tupac Amaru, Artigas, San Martin, José Marti, Sandino, Farabundo Marti, Fidel e Chávez saberão responder a altura qualquer tentativa de intervenção militar na Venezuela.


[1] Desse total, 364 foram eleitos pelos municípios, 79 pelos trabalhadores, 28 por aposentados, 24 pelos Conselhos Comunais, 24 pelos estudantes, 08 por camponeses, 08 por indígenas, 05 por pessoas com deficiência e 05 por empresários. Cerca de 200 dos delegados constituintes são jovens estudantes e trabalhadores.

[2] A guerra econômica executada na Venezuela desde 2013 por parte da direita apoiada pelo governo dos EUA inclui desestabilização, especulação e contrabando de extração, tendo como objetivo repetir as circunstâncias que possibilitaram o golpe contra Salvador Allende, no Chile, em 1973, após a direita promover a escassez e a carência da população.

[3] A Venezuela está sendo alvo de atos de ódio, impulsionados por grupos fascistas, dirigidos e instigados pela Mesa de Unidade Democrática opositora. Desde abril passado até fins de julho, 27 pessoas foram queimadas vivas. A maioria morreu. Os sobreviventes testemunharam o desprezo pela vida praticado pelos opositores fascistas. Os agredidos eram funcionários do governo, negros, pobres ou simplesmente acusados de serem chavistas ou simpatizantes do governo bolivariano. A ONU tipifica essas ações brutais como “crimes de ódio”. Tais atos demonstram a natureza fascista da oposição venezuelana, que utiliza todo o tipo de crimes para atingir seus objetivos. Até a embaixada dos EUA em Caracas alertou seus cidadãos sobre o caráter violento dessas manifestações, sugerindo que se mantivessem afastados dos locais onde ocorreram.

[4] https://gz.diarioliberdade.org/america-latina/item/139395-ongs-de-fachada-sao-financiadas-do-exterior-para-promover-intervencao-na-venezuela.html

[5] Artigo do Moon of Alabama, publicado em 28/07/2017, analisa como a mídia norte-americana sugere pistas para uma intervenção militar na Venezuela. A mesma estratégia de “mudança de regime” já foi aplicada em outros países, com o mesmo objetivo: o controle do petróleo e dos recursos naturais do país. https://jornalistaslivres.org/2017/07/contagem-regressiva-para-uma-guerra-dos-eua-contra-venezuela/  Documento do Comando Sul dos Estados Unidos intitulado “Venezuela Freedom 2 – Operation”, no qual se propõem 12 passos para desestabilizar e gerar um final abrupto ao governo do presidente Nicolás Maduro: http://www.patrialatina.com.br/operacao-venezuela-12-passos-para-um-golpe/

[6] No dia 11/04/2002, a direita venezuelana – a mesma aglutinada hoje na opositora MUD, com o apoio explícito do imperialismo estadunidense e dos grandes meios de comunicação nacionais e internacionais -, organizou um golpe de estado. Horas depois, o povo saiu às ruas, enquanto integrantes da Força Armada se rebelavam contra os golpistas. Multidões cercaram os quartéis em toda Venezuela, exigindo um posicionamento dos militares em defesa da Constituição Bolivariana; em Caracas, os trabalhadores e trabalhadoras das favelas desceram os morros e se dirigiram ao Palácio Presidencial de Miraflores, onde receberam o apoio da Guarda de Honra. Ante a exigência de ver Chávez, e sem um verdadeiro apoio militar, os golpistas foram derrotados. Com a derrota dos golpistas, consolidou-se na consciência critica do proletariado a necessidade – sempre defendida por Chávez -, da união cívico-militar. Retrata esse processo o filme “A Revolução nãos será televisionada”:https://www.youtube.com/watch?v=tRypWYgTKuE.

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Rusia advierte a EE.UU. contra una posible intervención militar en Venezuela

Vista a Caracas
Marco Bello / Reuters

En un comentario a periodistas este miércoles, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, advirtió a “las cabezas calientes” que desde EE.UU. buscan alentar un escenario militar en Venezuela, informa TASS.

El vicecanciller expresó su preocupación por los intentos de Washington “de consolidar un frente anti-Chávez entre los Estados latinoamericanos”.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov
“Incluso los gobiernos latinoamericanos con posturas más críticas hacia Caracas excluyen una intervención militar en los asuntos de Venezuela” El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov

“Esta es una tendencia alarmante. A pesar de la dura confrontación, incluso los gobiernos latinoamericanos con posturas más críticas hacia Caracas excluyen una intervención militar en los asuntos de Venezuela”, dijo.

Billetes venezolanos y estadounidenses en Caracas, el 2 de agosto de 2018.

EE.UU. adopta nuevas sanciones contra compañías y empresarios venezolanos

El diplomático subrayó que un intento de apelar a la fuerza militar “tendría un desarrollo desastroso“. “Advertimos contra este tipo de ‘tentaciones’ a las ‘cabezas calientes’ en Washington”, declaró Riabkov.

  • Anteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció planes de EE.UU. destinados a “llenar de violencia” su país con el fin de derrocar al Gobierno bolivariano.
  • Asimismo, el Ministerio de Exteriores venezolano envió el 13 de diciembre una nota de protesta al encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, James Story, “ante las constantes acciones injerencistas por parte del Gobierno estadounidense y sus nuevos planes golpistas”.
  • En diciembre, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que su país ofrecerá “la madre de todas las batallas” si se cumplen los planes de golpe de Estado y magnicidio denunciados por Maduro.